El establecimiento presentó la solicitud de los permisos
para iniciar las obras, ya que había sorteado la moratoria hotelera, en
junio de 2015. Normalmente, la administración tiene hasta tres meses
para admitir o denegar estas peticiones de licencia. En el caso del
Praktik han pasado 23 meses desde que se solicitó la autorización
sin que el Ayuntamiento haya resuelto si se lo concede o no, aunque el
pasado mes de febrero la dirección de licencias municipales emitió un
informe favorable al proyecto. La promotora entiende que dicho permiso
está denegado por silencio administrativo, lo que le permite interponer un nuevo recurso al considerar que “tal denegación es contraria a Derecho”.
La reclamación patrimonial por lucro cesante asciende ya a los 8,1 millones de euros
Con esta nueva vía judicial abierta, los promotores no renuncian a conseguir la licencia por los cauces administrativos.
La demanda alega en este caso que los propios técnicos
municipales dictaminaron que la obra proyectada se ajusta a la
legislación urbanística, al planeamiento vigente y a las ordenanzas
municipales, por lo que no hay razón legal para rechazarla.
Además de los técnicos municipales, el proyecto ha recibido el aval de
la Agència d’Energia de Barcelona, de la empresa municipal Bagursa, de
la dirección general de Infraestructuras de Movilidad, de la comisión de
Arquitectura... y, lo más importante, cuenta con el certificado de
aprovechamiento urbanístico con el que sorteó la moratoria hotelera y
cumplía con el plan de usos de Ciutat Vella de 2013. Hace un mes, un
portavoz municipal aseguró que la licencia “estaba en proceso de
tramitación”, pero los promotores no tienen noticias de ella.
La cadena hotelera Praktik pretende construir
en dos solares –situados entre el portal de Sant Madrona y las calles
Cid y Perecamps– sendos complejos hoteleros que suman 200 habitaciones.
Un proyecto que el equipo de gobierno rechaza desde que llegó al
Ayuntamiento e intentó paralizar, reclamando a la Generalitat que
declarase el entorno de la muralla medieval, en el ámbito del portal de
Santa Madrona y el Baluard, como Bien Cultural de Interés Nacional
(BCIN). Esta solicitud fue rechazada por el Departament de Cultura en
una decisión que el Ayuntamiento de Barcelona ha recurrido.
Al margen de estos enfrentamientos, sigue adelante
la reclamación patrimonial que interpusieron los promotores del
establecimiento en noviembre por la “dilación injustificada en la
tramitación del permiso”. La factura por esta cuestión asciende ya a los
8,1 millones de euros. Los promotores cifran las pérdidas económicas en
450.000 euros por cada mes de retraso. Recuerdan que el retraso
injustificado en la adopción de un acto reglado “constituye un delito de
prevaricación”. Por eso, están estudiando la posibilidad de presentar
una demanda penal contra la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet
Sanz. A la espera de todos los procesos judiciales iniciados, los
promotores han calculado lo que el coste de la expropiación podría
costar a las arcas municipales: entre 50 y 80 millones de euros.
Los promotores del hotel están estudiando
solicitar al distrito de Ciutat Vella que retorne los terrenos que se
cedieron gratuitamente hace unos años para que una escuela pudiera
desarrollar allí actividades de recreo. El colegio ha cerrado y los
terrenos se utilizan para celebrar manifestaciones contrarias al hotel
–que los propietarios no han autorizado– y para acoger el primer domingo
de mes una feria de artículos de segunda mano que cobra a los
comerciantes que quieran instalarse allí."
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